A fines de 2024, el Gobierno de Entre Ríos lanzó el primer concurso público y abierto para cubrir la Jefatura del Registro Civil de Nogoyá, mediante el Decreto Nº 3.556, del 28 de noviembre. La convocatoria incluyó una prueba de oposición y evaluación de antecedentes.
Sin embargo, la medida generó un fuerte rechazo por parte de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que cuestionó tanto la forma como el fondo del proceso.
“Estamos a favor de los concursos, pero con reglas claras”, advirtió Carina Domínguez, secretaria adjunta de UPCN, y criticó la falta de diálogo con los trabajadores. Acusó a funcionarios de tercera línea de «querer venderle espejitos de colores al gobernador».
Reclamo sindical
UPCN presentó un recurso de revocatoria contra el decreto, señalando que la medida fue implementada de manera unilateral, sin consulta ni participación sindical, lo que contradiría lo acordado en paritaria el 18 de diciembre de 2024.
El gremio también cuestionó que el concurso se limite a un solo cargo, lo que —según su postura— genera sospechas de direccionamiento político, ya que no forma parte de un plan integral ni especifica si el nombramiento será definitivo o transitorio.
Además, UPCN advirtió que el reglamento impuesto restringe de forma arbitraria el acceso de potenciales postulantes.
La respuesta del Gobierno
El Decreto Nº 1.781, del 21 de julio de 2025, respondió a los planteos del sindicato. Un dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad y Justicia desestimó las objeciones de UPCN.
Allí se argumentó que no existe discrecionalidad en el manejo del concurso y que el Reglamento General garantiza un proceso con instancias definidas, criterios de evaluación claros y un perfil de cargo previamente establecido.
Fuente: Entre Ríos Ahora
