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La Sala Criminal de Gualeguay, a trav\u00e9s del vocal Dardo Oscar Tortul<\/strong>, emiti\u00f3 este viernes un fallo que redefine el alcance de la responsabilidad penal para los profesionales de la salud vinculados al Estado<\/strong>. La decisi\u00f3n surge tras la apelaci\u00f3n de una resoluci\u00f3n de primera instancia que hab\u00eda declarado la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal en una causa por lesiones graves culposas<\/strong> contra el m\u00e9dico Gustavo Cresta<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n La causa se inici\u00f3 tras la denuncia de la madre de la v\u00edctima. Originalmente, el juez de garant\u00edas subrogante Am\u00e9rico Daniel Luna (titular del Juzgado Civil y Comercial) consider\u00f3 que el paso del tiempo era suficiente para cerrar el expediente<\/strong>, argumentando que un m\u00e9dico no es un \u201cfuncionario p\u00fablico\u201d <\/strong>en el sentido estricto que requiere la ley para suspender la prescripci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan la visi\u00f3n que fue revocada, el concepto de \u201ccargo p\u00fablico\u201d <\/strong>deb\u00eda limitarse a personas con jerarqu\u00eda o influencia pol\u00edtica <\/strong>capaz de obstaculizar una investigaci\u00f3n, sosteniendo que una supuesta mala praxis se comete bajo habilitaci\u00f3n profesional y no en ejercicio de la funci\u00f3n p\u00fablica.<\/strong><\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Tanto el agente fiscal de Nogoy\u00e1, Fernando Mart\u00ednez<\/strong>, como el abogado querellante, Walter Luis Mart\u00ednez<\/strong>, impugnaron esa interpretaci\u00f3n. Los apelantes argumentaron que el C\u00f3digo Penal no distingue entre rangos ni entre funciones administrativas y asistenciales.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Como prueba fundamental, la Fiscal\u00eda present\u00f3 el Decreto N.\u00ba 3.840 MS de noviembre de 2018 (firmado por el entonces gobernador Gustavo Borde<\/strong>t), mediante el cual Cresta fue designado <\/strong>\u2014tras ganar un concurso\u2014 como profesional asistente m\u00e9dico <\/strong>y jefe interino del Servicio de Cirug\u00eda del Hospital San Blas de Nogoy\u00e1<\/strong>. Bajo este esquema, sostuvieron que el cirujano es un agente estatal regido por la Ley Provincial N.\u00ba 9.892 de la Carrera Profesional de Asistencia Sanitaria.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Al analizar el caso, el vocal Tortul realiz\u00f3 un recorrido hist\u00f3rico sobre la evoluci\u00f3n del art\u00edculo 67 del C\u00f3digo Penal. El magistrado destac\u00f3 que, tras la reforma de 1999 (Ley 25.188), el legislador busc\u00f3 aumentar las exigencias de responsabilidad para quienes ocupan cargos p\u00fablicos<\/strong>, independientemente de si el delito es de car\u00e1cter administrativo o patrimonial.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n El fallo remarca que Cresta<\/strong>, al atender pacientes en un nosocomio p\u00fablico, \u201cejerce actos de praxis m\u00e9dica en nombre del Estado\u201d.<\/strong> Por tanto, su rol est\u00e1 intr\u00ednsecamente ligado a la funci\u00f3n p\u00fablica, lo que encuadra en las definiciones de la Convenci\u00f3n Interamericana contra la Corrupci\u00f3n, que considera funcionario a cualquier empleado designado para cumplir tareas al servicio del Estado<\/strong> en cualquier nivel jer\u00e1rquico.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n El juez tambi\u00e9n aclar\u00f3 una confusi\u00f3n habitual: una cosa es la \u201cmotivaci\u00f3n\u201d de la ley (evitar que los poderosos abusen de su cargo<\/strong> para frenar juicios) y otra son los \u201crequisitos\u201d para su aplicaci\u00f3n. Seg\u00fan Tortul, la norma solo exige que el imputado sea funcionario p\u00fablico para que la prescripci\u00f3n se suspenda, sin necesidad de probar que efectivamente us\u00f3 su influencia <\/strong>para entorpecer el proceso.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n El caso se remonta a enero de 2019<\/strong>, tras la atenci\u00f3n m\u00e9dica brindada a una ni\u00f1a de ocho a\u00f1os en el Hospital San Blas<\/strong>. La fiscal Maite Burruchaga formaliz\u00f3 la investigaci\u00f3n bajo el cargo de lesiones graves culposas, sosteniendo que Cresta obr\u00f3 de manera negligente al dilatar la intervenci\u00f3n quir\u00fargica de urgencia (apendicetom\u00eda) aproximadamente doce horas.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, esa demora provoc\u00f3 complicaciones graves en la salud de la menor<\/strong>, como un absceso intraabdominal y de pared que deriv\u00f3 en fascitis necrotizante y evisceraci\u00f3n, dejando una debilitaci\u00f3n permanente de la pared abdominal.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Al defenderse en su declaraci\u00f3n del 12 de octubre de 2021, Cresta explic\u00f3 las limitaciones materiales del nosocomio <\/strong>y rechaz\u00f3 la acusaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Argument\u00f3 que la postergaci\u00f3n se debi\u00f3 a una urgencia ginecol\u00f3gica (ces\u00e1rea) que pon\u00eda en riesgo la vida de un reci\u00e9n nacido. \u201cLas apendicitis no constituyen una emergencia, sino una urgencia<\/strong>; hay 24 horas para su resoluci\u00f3n. Yo program\u00e9 la cirug\u00eda para el d\u00eda siguiente a primer t\u00e9rmino, pero surgi\u00f3 la ces\u00e1rea de urgencia<\/strong>. La ni\u00f1a ten\u00eda una apendicitis flemonosa, pero no present\u00f3 abscesos ni infecciones en la cavidad\u201d, manifest\u00f3 el profesional.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Con la resoluci\u00f3n de la Sala Criminal de Gualeguay, que revoca el fallo de primera instancia y dispone la continuidad del tr\u00e1mite<\/strong>, la causa seguir\u00e1 su curso legal. El tribunal concluy\u00f3 que, si bien debe respetarse la garant\u00eda del plazo razonable de juzgamiento, esta no se contradice con la suspensi\u00f3n de la prescripci\u00f3n que establece la ley de fondo para los agentes estatales mientras permanezcan en su cargo.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Fuente: Ahora<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Sala Criminal de Gualeguay, a trav\u00e9s del vocal Dardo Oscar Tortul, emiti\u00f3 este viernes un fallo que redefine el alcance de la responsabilidad penal para los profesionales de la salud vinculados al Estado. 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