Entre Ríos volverá a poner sus ojos en uno de los casos más conmovedores y enigmáticos de su historia reciente: la desaparición de la familia Gill. A más de 23 años de los hechos, con una investigación que suma 18 cuerpos de expediente y que ha trascendido fronteras nacionales e internacionales, Marcos Rodríguez Allende asume como nuevo abogado querellante con el objetivo de dar un nuevo impulso y, finalmente, ofrecer una respuesta a la madre de Margarita Gallego.
La última vez que se vio con vida a la familia Gill fue el 13 de enero de 2002 en Crucecita Séptima, departamento Nogoyá. Se trata de la desaparición de seis personas en democracia: un matrimonio y sus cuatro hijos menores.
Los desaparecidos son Rubén José Gill, Norma Margarita Gallego, y sus hijos María Ofelia, José Osvaldo, Sofía Mercedes y Carlos Daniel, el más pequeño. Residían en el establecimiento “La Candelaria”, propiedad de Alfonso Fernando Goette, quien falleció en un accidente de tránsito en 2016.
“Vamos a trabajar para tratar de obtener una respuesta para toda la familia Gallego- Gill y para toda la sociedad entrerriana”, destacó el abogado Rodríguez Allende.
La familia había asistido a un velorio en Viale y regresaron al campo donde trabajaban, siendo trasladados por una vecina, una directora de escuela. Esa fue la última vez que se les vio. La relevancia del caso se acentúa por ser, según se afirma, el primer caso en Entre Ríos en el que un grupo familiar completo desaparece desde el regreso de la democracia.
Una investigación “muy interesante y seria” llevada a cabo por una delegación de Paraná fue reemplazada, sin fundamentación conocida, por funcionarios de la zona de Nogoyá o María Grande.
El primer allanamiento data de seis meses después de la desaparición, y el propietario del campo, Alfonso Goete, recibió a los investigadores con un asado y vino.
El celular de Norma Margarita Gallego siguió activo por un tiempo, pero los registros de Interpol y otras entidades no arrojaron ningún movimiento, ni siquiera la inscripción de los niños en establecimientos educativos de otras provincias.
Se realizaron innumerables allanamientos, excavaciones, estudios georradares, y se utilizaron buzos en tajamares y arroyos del campo, pero todo dio negativo.
Actualmente, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece una recompensa de 12 millones de pesos por cualquier dato que pueda aportar a determinar el paradero de la familia Gill.
Marcos Rodríguez Allende ha asumido el desafío personal y profesional de esta investigación, reconociendo la labor de Gustavo Acosta, exjuez de Garantía y Transición de Nogoyá, quien “se llevó la investigación al hombro” durante sus años en el cargo, aunque llegó muchos años después de la desaparición.
El objetivo principal es empezar “de cero” con el voluminoso expediente, buscando una colaboración activa con la policía de homicidios y la dirección de investigaciones, además de aportes técnicos forenses y antropológicos. La esperanza es lograr alguna novedad y, finalmente, darle una respuesta a la madre de Margarita Gallego. El profesional enfatizó que el caso “trasciende el interés de la familia Gallego-Gill”, pues “la sociedad entera se merece una respuesta”.
Fuente: Ahora
